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domingo, 12 de junio de 2011

Africa y los muchos dictadores y dogmaticos siguen en el poder cuando Hillary Clinton viaje

No
Hillary Clinton viajara a Africa, se dice esto como si Africa fuera una ciudad.Es comprensible que todo a la vez no se puede hacer pero desde principios del 2011 cuando empezo la era de iluminacion, el tiempo de la luces como hace 300 años en Europa, en este caso Africa, para dejar atras el dogmatismo y caminar por la ciencia , cuantica, espiritual si se quiere y deberia, pero en fin a caminar realmente hubieron pocos cambios ya que estamos a mitad de año.
Gadafi sigue en el poder, y todavia otros cuantos dictadores como en Guinea Ecuatorial la cual no es excusa que sigan en el poder por petroleo o cualquier clase de comercio ya que si fuera por esto deberian tener aun a Africa y America como hace 100 años.O avanzamos o dejamos todo como esta y se entiende que sera mejor participar de los positivos cambios rapidamente y terminar la tarea.
Por supuesto esto incluye seguir apoyando y mas aun la centro izquierda y centro derecha que deben conquistar los pueblos so pena de impedir la ignorancia del comunismo y el dogmatismo.

CIUDAD NUEVA ERA


Articulo 1/2

08 de junio de 2011
Hillary Clinton en gira por África

Hillary Clinton inicia su gira con una visita a Emiratos Árabes Unidos, para luego viajar a Zambia en su primera escala africana.

La mejora del comercio, el desarrollo y la seguridad regional serán las principales prioridades de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en su gira por África que comienza esta semana y que incluye varias naciones.

Después de una escala en los Emiratos Árabes Unidos, donde dialogará sobre la situación en Libia, la secretaria de Estado comenzará la parte africana de su gira con una visita a Lusaka, la capital de Zambia, el viernes 10 de junio de 2011.

La secretaria de Estado, Hillary Clinton tiene previsto hablar ante el foro ministerial sobre crecimiento y oportunidad donde pondrá de relieve la política comercial de Estados Unidos con el continente.

J. Peter Pham, un experto en África del Atlantic Council, con sede en Washington, dice que la participación de Clinton es significativa. “Cualquier oportunidad en la que importantes funcionarios estadounidenses se involucran en África, es muy importante, porque África sufre a menudo de un déficit de atención por parte de Washington" y de otros centros de poder en el mundo, advirtió.

Según explicó Pham, "para nuestros principales funcionarios, con tantos diferentes desafíos y crisis en todo el mundo, a menos que haya una urgente calamidad o algún otro desastre en África, África no obtiene un alto grado de atención”, reconoció.

Después de Zambia, la secretaria Clinton visitará Tanzania, que en 2008 firmó un acuerdo a cinco años con Estados Unidos, por casi $700 millones de dólares.

La otra escala africana de la secretaria Clinton será en Etiopía, un aliado de Estados Unidos en la volátil zona este de África

Fuente: VoaNews.com
Valores o inmadurez?

Articulo 2/2

Cinismo a bocajarro

JUAN TOMÁS ÁVILA LAUREL
Malabo06/06/2011

A raíz de las revelaciones hechas por el New York Times y otros periódicos de relevancia mundial sobre la complicidad existente ente la dictadura del general Obiang y los Estados Unidos de América, un activista cibernético comparó Guinea con el Congo Belga, y en relación al inhumano control al que el rey Leopoldo II sometió a aquella colonia.

Textualmente, escribió en su twitter: USA's current pocket African colony sounds like the Belgian Congo: Equatorial Guinea is astonishing even for cynics. Pues sí, lamentablemente es así, sorprendente para los cínicos.

Con todo lujo de detalles el artículo aporta documentos que prueban no sólo la implicación de todas las empresas petroleras que operan en Guinea, que hacen desembolsos millonarios para ayudar a maquillar la imagen del régimen de Obiang, sino que disecciona en sus detalles mínimos el contrato firmado por una agencia de abogados muy conectada con antiguos inquilinos de la Casa Blanca con los actuales detentores del poder en la República de Guinea Ecuatorial para llevar a cabo unas reformas. Sellaron con su firma aquel acuerdo Teodoro Nguema Obiang, conocido por su vida de pródigo en todo el mundo, y Alejandro Evuna Owono, alto cargo en todos las etapas del régimen de Obiang, quien saltó a la prensa internacional cuando su mujer fue pillada en un aeropuerto de España con dos kilos y medio de marihuana.

Sin entrar en otros detalles subterráneos, lo que se trasluce de las revelaciones de New York Times es que como pago por la vista gorda del Gobierno de los Estados Unidos en el escandaloso hallazgo del desfalco que está llevando Obiang y su hijo, desfalco en que se vio implicado el banco Riggs, con la compra de mansiones y el escandaloso tren de vida de Teodorín, el régimen de Obiang tenía que aceptar el plan de reformas diseñado por la oficina de abogados MWE, previo desembolso guineano, claro, de varios millones de dólares como se detalla con toda minuciosidad. Como se vio en la firma, fue en el año 2009, y sujeto a evaluación y control por ambas partes. Y con esta operación las empresas norteamericanas seguían con las exclusivas en la exportación del petróleo, y de paso, limpiarse la mala imagen de sostener una dictadura de estas dimensiones. Es decir, a Obiang le aconsejaban que se limpiara la imagen para que su iniquidad no salpicara la reputación de los Estados Unidos de América.

Sin entrar en valoraciones sobre la naturaleza perversa de estas relaciones, pues se descubre lo que todos ya decíamos, ya que era impensable que el régimen de Obiang extendiera su red de corrupción a los Estados Unidos sin que las siempre celosas autoridades de este país lo supieran, podemos creer que los guineanos y los observadores de la realidad actual de Guinea Ecuatorial se hubieran conformado si hubieran supuesto un alivio para su dramática situación. Pero la realidad actual desmiente sus propósitos. Entonces, algo ha fallado. ¿Qué ha influido para que los alevosos propósitos del poder norteamericano conocieran un rotundo fracaso? La concepción feudal que tenían de Guinea Ecuatorial. Eso es, esta costumbre que tienen de conceder legitimidad a cualquier detentor del poder aunque el mismo estuviera sustentado en soportes infames o inhumanos, como sucede en Guinea Ecuatorial.

Y es que es imposible, prácticamente imposible, que los que actualmente manejan los hilos políticos y económicos del país africano se impongan reformas sin que suponga la pérdida de los inmensos privilegios de que gozan. Lo que no quieren ver los norteamericanos es que la corrupción, la delincuencia, el fraude y todo tipo de conducta censurable constituye la normalidad en la Guinea de hoy. En ella, todos los que ostentan cargos públicos se desenvuelven al margen de la legalidad. La ilegalidad es la norma de vida de todos los altos cargos del régimen guineano, actitud que se extiende a todas las esferas y que afecta los aspectos más insignificantes. El simple ejercicio de la política abre las puertas a una opulencia económica sólo equiparable a los ingresos que asegura la actividad empresarial o industrial en los países desarrollados. En Guinea, es normal que personas que no atesoran ningún estudio demostrable ni que hubieran sido gratificados con una herencia sean dueños de hoteles o de edificios valorados en millones de francos CFA. Los ejemplos son numerosos y crean escuela, y desde que los más señeros ejemplos son del círculo de la familia del mismo general. Basta una muestra somera: Sin contar las conocidas cuentas, mansiones y automóviles de Obiang y del hijo Teodorín en el extranjero, Teodoro Nsue Okomo, hermano de la primera mujer de Obiang, ocupó una plaza pública ajardinada en una zona costera de Malabo, donde construyó un complejo que incluye apartamentos de lujo, discoteca, bar y restaurante. Su hermana, la primera mujer de Obiang, Constancia Mangué, se apropió del antiguo casino de Malabo, destruyó las viviendas particulares del terreno adyacente y construyó un complejo que comprende restaurante de lujo, a juzgar por sus precios, gimnasio, bar y discoteca. Lucas Nguema Esono, Secretario General del PDGE, es dueño de un hotel. Julián Ondo Nkumu, yerno de Obiang, ex jefe de la Seguridad, dueño de otro. Manuel Nguema Mba, tío de Obiang, dueño del Hotel Paraíso, Alejandro Evuna, ministro, dueño de un hotel.

Por estos ejemplos y los que no mencionamos, las pretendidas “reformas” millonarias propuestas por Estados Unidos no pueden prosperar. Es imposible para los actuales miembros del régimen sustraerse a su modo normal de conducta. Y es que la impunidad, basada en la renuencia de Obiang a imponer la legalidad a costa de enemistarse con individuos cercanos a su familia, tiene secuestrada a la política guineana. Son 32 años de una corrupción que ha adquirido carta de naturaleza difícil de erradicar de manera individual. El régimen no emprenderá unas reformas que de aplicarse supondría su ruina. Pero Guinea necesita urgentemente la desaparición de este régimen. Es el dilema que los fecundos pensadores de los Estados Unidos no han sabido prever.

Negros nubarrones, pues, planearon desde el principio sobre las pretendidas reformas del Gobierno americano, afectadas, además, por la nocturnidad de gestarse sin la necesaria concurrencia de los cientos de guineanos que luchan y malviven en el extranjero contra una dictadura irracional. Pero esto se puede revertir, pues ante la abrumadora evidencia, Estados Unidos ya no puede seguir con su acostumbrado unilateralismo, pues por la magnitud del negocio petrolífero seguirá siendo la potencia política de referencia. Y como la necesidad de un cambio en la trayectoria política de Guinea es imperante, exigimos que incorpore a las fuerzas del cambio al activo humano formado por los guineanos del exilio, quienes aportarán nuevas formas de convivencia política que propiciará una mejora de la situación guineana. En el tablero político siguen las recientes propuestas de los partidos políticos, ineludibles para alcanzar un mínimo de normalidad en el país.

No hay, hoy por hoy, otra alternativa a las ya señaladas para propiciar un cambio político en Guinea Ecuatorial. La acción es urgente. Y es que la larga duración del régimen dictatorial se añade al hecho de que muestra sus aristas más represivas en estos días, la antesala de unos eventos políticos. La tensa situación podría ser la detonante de una violencia cuyos consecuencias no podemos predecir, pero que creemos que no será beneficiosa para las partes implicadas. Y como es bien sabido, la violencia no necesita ningún soporte material para manifestarse, error en que incurren los que creen que la militarización de las calles tendría unos efectos disuasorios en la población. La no mención de la contraparte militar de los Estados Unidos en este artículo es nuestra única manera decir que Guinea Ecuatorial recibiría un castigo excesivo si los agentes armados del país americano, presentes en el suelo guineano, participaran en el sofoco de las revueltas propiciadas por una situación que lleva años siendo insostenible y que han contribuido a empeorar.

Fuente: GuinGuinBali.com
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miércoles, 15 de diciembre de 2010

Mafia Bielorrusa opera en Venezuela


Las mafias no deben entrar en la socialdemocracia porque a la larga perjudica a las naciones.Asi Latinoamerica estará atrasada 200 años con respecto a los países nórdicos, que les falta mucho camino y tienen serias y graves falencias pero en términos generales están muchisimo mas adelantados en lo social y con respecto a la calidad de vida que America.Por supuesto hay que legalizar la importacion y exportacion de la hoja.

CIUDAD NUEVA ERA


miércoles, julio 07, 2010

Diego Arria ha señalado que grupos criminales de la mafia de Bielorrusia, considerada una de las más sanguinarias del mundo, y que controlan el tráfico de narcóticos en Europa, están establecidas en Venezuela y operan libremente prácticamente sin restricciones por parte del gobierno venezolano.

“Lo único que hace falta es que se ponga un aviso en todos los aeropuertos venezolanos que diga: ‘abierto 24 horas, 7 días a la semana, para el narcotráfico’”, dijo Arria, en conversación exclusiva con ImpactoCna en Miami.

Arria dijo que hasta ahora no se ha calibrado adecuadamente el impacto y la importancia de las revelaciones presentadas por el reciente informe sobre el narcotráfico mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que señala que Venezuela se ha convertido en una plataforma para el narcotráfico mundial.

El diplomático, que recientemente culminó una gira por Europa promoviendo un posible enjuiciamiento internacional al presidente Hugo Chávez, dijo que el compendio de señalamientos del informe de la ONU constituye una de las pruebas más contundentes para demostrar cómo Venezuela está en el proceso irreversible de convertirse en un narcoestado.

Arria también destacó que al lado de la mafia bielorrusa, funcionan en el país una galeria de los grupos mafiosos, terroristas y narcotraficantes más notables del planeta: grupos de la famosa mafia rusa, las FARC, la ETA, y de grupos islámicos como Hezbollah y Hamas.

Confirmando las afirmaciones de Arria, este lunes el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko enfatizó que su país concede gran importancia a la alianza estratégica con Venezuela.

“Estamos comprometidos a expandir consistentemente las relaciones bilaterales en todas las areas y proteger los intereses nacionales y el valor en la arena internacional”, declaró Lukashenko, de acuerdo a un comunicado de prensa oficial.

Fuente: Impacto CNA
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martes, 27 de julio de 2010

Transnacionales contra pueblos indígenas. Fiebre del oro en Colombia

Laurence Mazure *

Adital -
"¿De qué va a vivir Bolivia si no explota sus recursos naturales?", se preguntaba recientemente el presidente boliviano Evo Morales. Con el alza de las cotizaciones de las materias primas, los gobiernos latinoamericanos no han vacilado en reforzar un modelo de acumulación que es, sin embargo, crítico. Mientras el objetivo de unos es mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos, otros, en cambio, desean atraer los capitales externos. Tal es el caso de Colombia.

Alto Guayabal, en los confines de las provincias de Antioquia y Chocó, en el noroeste de Colombia. El 30 de enero de 2010, antes del amanecer, las Fuerzas Armadas colombianas lanzaron una ofensiva contra la vivienda tradicional de una familia indígena del pueblo Embera Katio. Asesinaron a un niño de 18 meses, hirieron a otras cuatro personas, destruyeron cultivos de subsistencia y descuartizaron animales domésticos. El ejército habló inmediatamente de un "error" en la persecución de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para las organizaciones indígenas del país, se trata de un capítulo más en la ofensiva de las transnacionales mineras en Colombia. El bombardeo afectó a una de las comunidades que rodean al cerro Careperro, monte "sagrado" que la compañía estadounidense Muriel Mining Corp., atraída por la presencia de mineral aurífero, tiene en la mira. ¿Puro azar?

Los Embera Katio, desplazados en el año 2000 por el conflicto armado interno, intentan actualmente regresar a sus tierras ancestrales, como los autoriza la Constitución de 1991. Durante su ausencia, la agencia gubernamental Ingeominas entregó nueve licencias de exploración y explotación a Muriel Mining, sin preocuparse por los procedimientos de consulta a las comunidades, previstos sin embargo por la ley. Según William Carupia, portavoz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la comunidad indígena estaría sufriendo, desde hace dos años, un "nuevo desplazamiento forzado" (1).

En un país donde la justicia respalda con demasiada frecuencia la dominación de los poderosos, la Corte Constitucional arbitró, el 29 de marzo de 2010, a favor de las comunidades indias y afrocolombianas de Chocó y Antioquia; sentó una jurisprudencia que confirmó los derechos constitucionales específicos de las comunidades, y enfatizó la obligación de todos -incluidas las transnacionales- de respetar los procedimientos legales y los imperativos de protección de la biodiversidad (2). Un avance importante, puesto que frente a los Embera Katio estaban los representantes de los Ministerios del Interior y de Justicia, de Medio Ambiente, Defensa, Asuntos Sociales, de Minas y Energía, así como las Fuerzas Armadas del país. Un comité que ni el azar habría podido reunir por sí solo…

Para seducir al capital

El 21 de septiembre de 1999, el presidente estadounidense William Clinton y su par colombiano Andrés Pastrana lanzaron el Plan Colombia, "por la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", asegurando que el proyecto apuntaba a la lucha contra el narcotráfico. También se propusieron ayudar al ejército colombiano a acabar con las guerrillas que dominaban determinadas partes del territorio, mediante el desembolso de 1.600 millones de dólares en tres años (3).

Desde el 20 de octubre de 1999, una enmienda vino a subrayar la segunda función del plan: favorecer las inversiones extranjeras "insistiendo en que el gobierno colombiano complete las urgentes reformas destinadas a abrir completamente su economía a la inversión y el comercio exterior" (4). Sus creadores entendieron que ambos objetivos estaban estrechamente ligados. En particular en el campo de la minería. Cuando, años más tarde, el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019 del Ministerio de Minas y Energía (publicado en 2006), señaló que "sólo el sector privado es capaz de desarrollar la industria minera en Colombia", lo hizo para identificar qué empresas tenían necesidad de "seguridad".

Diez años después, Arturo Quiroz, miembro de la Asociación de la Industria Minera Colombiana (Asominas) podía alegrarse: "Actualmente, tenemos un sector dinámico (…) que atrae a algunas de las más importantes empresas del mundo" (5). Con la llegada de las empresas AngloGold Ashanti (sudafricana), BHP Billinton (anglo-australiana), Greystar Resources Ltd. (canadiense), Drummond Co. y Muriel Mining Company (estadounidenses), las inversiones extranjeras directas (IED) en el sector minero pasaron de 463 millones de dólares en 1999 a 3.000 millones de dólares en 2009, con un aumento del 640% (6). En 2009, esta industria registraba el mayor crecimiento de la economía colombiana, representando el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB). ¿El objetivo para los diez próximos años? Superar el 6% del ingreso nacional, como ocurrió en Perú o en Chile.

Para lograrlo, el gobierno acaba de gastar más de 5.000 millones de dólares en el acondicionamiento de infraestructuras vinculadas a los sectores de la minería y la energía: 2,5 veces sus gastos en infraestructuras del transporte, 10 veces más que las sumas gastadas en vivienda y 20 veces más que en la red de telecomunicaciones (7). Por otro lado, el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el poder desde 2002, flexibilizó, en 2009, el código minero para facilitar la obtención de las concesiones de exploración y su registro. Su duración se extendió de 5 a 11 años y el impuesto por la utilización de los terrenos, que en otros tiempos podía ascender a los 2.000 dólares por hectárea, acaba de llevarse al ámbito de lo razonable: 8 dólares por hectárea y por año en cualquier parcela.

Pero para Quiroz, "el entusiasmo internacional por Colombia en tanto gran centro de actividad para la extracción minera", se explica ante todo por la política securitaria de la administración Uribe. Gracias al Plan Colombia, el país "hizo de la lucha contra los grupos insurrectos una prioridad" (8). Que, de paso, el conflicto condujera al desplazamiento desafortunado (pero muy oportuno) de poblaciones que, al igual que los Embera Katio, tuvieron la mala idea de permitir a sus antepasados instalarse sobre unos yacimientos codiciados… no fue motivo de queja para las compañías mineras.

Para dimensionar este "entusiasmo", basta observar el mapa del Ministerio de Medio Ambiente colombiano, que delimita los territorios que han sido objeto de una solicitud de concesión (ver mapa): estaría comprometido más del 40% del territorio, incluyendo algunas zonas supuestamente protegidas. Si se la trasladara a Francia, esta superficie correspondería a las regiones de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA), Languedoc-Rosellón, Pirineos Medios, Aquitania, Ródano-Alpes y Auvernia unidas.

En el centro de todas las codicias: el platino, el uranio, los metales y minerales escasos como el molibdeno o el coltán. Pero sobre todo el oro, a propósito del cual la revista digital Portafolio mencionaba recientemente una nueva corrida, comparándola con un "acceso de fiebre" (9). Las cifras son elocuentes: entre 2006 y 2009, la producción de oro en Colombia se triplicó, alcanzando 1,75 millones de onzas en 2009. Esta tendencia es alimentada por la subida de las cotizaciones en los mercados mundiales, con un aumento mayor al 30% anual. Las previsiones para 2012 hablan de una producción de 3 millones de onzas.

Pero la industria minera está apenas en ciernes. Mario Ballesteros, director del Instituto de Geología y Minería colombiano (Ingeominas), estima que la superficie total actualmente explorada asciende a 1,69 millones de hectáreas. No obstante, Andrés Idarraga, especialista en asuntos mineros para el Centro Nacional de la Salud, el Medio Ambiente y el Trabajo (la ONG CENSAT) señala que "por el momento, hay muy pocos proyectos en fase de explotación". Según él, la especulación estaría fomentando la "fiebre" actual: "Lo que pasa es que las compañías chicas realizan los trabajos de exploración con la intención de revender sus concesiones a las grandes transnacionales, apostando a la suba de los precios si confirman la presencia de minerales" (10). O sea que las 19.800 demandas de concesión ya registradas estarían destinadas al regazo de las "gigantes" ya que, si se cuentan las 5.000 compañías mineras de Colombia, en realidad sólo tres de ellas -la sudafricana AngloGold Ashanti, la canadiense Greystar y la estadounidense Muriel Mining- se reparten el sector, la mayoría de las veces a través de filiales.

Resta saber de forma precisa dónde están localizadas las concesiones. Mientras el gobierno filtra minuciosamente el acceso a los catastros -aunque la ley estipula que los mapas del Ministerio de Medio Ambiente deben ser públicos-, las disposiciones que enmarcan la presentación de las solicitudes (Ley 685 de 2001) alimentan la confusión. Toda solicitud de concesión abre automáticamente la vía a los trabajos de exploración sin exigir ningún estudio medioambiental. La solicitud, facilitada al máximo, se efectúa en línea, mediante cuatro coordenadas GPS que determinan un polígono: un número de documento de identidad o pasaporte, un nombre acompañado por una dirección postal y un número de teléfono. Todo esto junto al pago de 400 dólares para el registro de la solicitud. No se efectúa ningún tipo de verificación de las garantías bancarias del demandante y menos aún de sus antecedentes judiciales. Como alcanza con que los polígonos no coincidan por completo, varias solicitudes pueden superponerse parcialmente, lo cual ocurre muy a menudo.

Concesiones millonarias

La legislación, que apunta a establecer un "clima de confianza favorable a los inversores extranjeros", ignora el interés general… así como las cuestiones del medio ambiente. El 9 de febrero de 2010, se votó la Ley 1.382 para proteger los páramos (ecosistemas tropicales fríos de los Andes colombianos) así como 500.000 hectáreas de reservas forestales estratégicas amenazadas por nuevos títulos y solicitudes. Pero el texto carece de efecto retroactivo sobre las concesiones que ya se hayan obtenido… Y además, suele suceder que los tribunales sepan entender los argumentos de las transnacionales, según los cuales una legislación demasiado coercitiva obstaculiza su desarrollo.

En mayo de 2010, la canadiense Greystar consiguió la aprobación. Obtuvo su apelación contra una denuncia del gobierno que le exigía presentar un nuevo estudio sobre el impacto medioambiental de sus futuras instalaciones en Angostura, en las montañas del departamento de Santander. Las autoridades colombianas habían evaluado inicialmente que el gigantesco proyecto de mina de oro a cielo abierto podía llegar a dañar los ecosistemas locales. Además, consideraban que las unidades de tratamiento del mineral (con cianuro), situadas en zonas muy altas de los Andes, eran una amenaza para toda la red hídrica situada río abajo de los páramos, que funcionan como gigantescas esponjas naturales que alimentan a ríos y arroyos.

Tal vez no contaron con que el proyecto permitiría a Greystar apropiarse de más de 10 millones de onzas de oro. A más de 1.000 euros la onza en los mercados (11), semejante yacimiento ameritaba que la multinacional librara una batalla; que ganó cómodamente… Según su vicepresidente ejecutivo, Frederick Felder, la compañía nunca se inquietó: "En ese período, proseguimos nuestros estudios de factibilidad. (…) No dudábamos de que el gobierno finalmente validaría nuestro expediente" (12).

Pero las cuestiones relacionadas con la industria no son sólo de orden medioambiental. Adelso Gallo Toscano milita contra el acaparamiento de algunos grandes grupos mineros en territorio colombiano dentro de la coordinadora Red Colombia, que reúne a asociaciones, sindicatos y cooperativas agrícolas. El activista puntualiza: "Nosotros no nos oponemos a la mina en sí. Podría ser una industria interesante para el desarrollo del país si el gobierno aceptara discutir los proyectos con las organizaciones sociales. Y sobre todo, si la explotación de los recursos naturales del país se hiciera en beneficio de la población". ¿Cómo? "Nacionalizando la industria o, por lo menos, garantizando una transferencia de tecnología para evitar depender, más adelante, del capital extranjero. Además, y sobre todo, habría que respetar el medio ambiente".

Gallo Toscano alude, entusiasmado, a los ejemplos de Ecuador, Venezuela y Bolivia, donde las cosas se estarían dando mejor. Colombia no es el único país que promueve la extracción minera como uno de los ejes de su desarrollo económico: Latinoamérica, que antes recibía apenas el 12% de las inversiones mundiales en el sector minero, hoy recauda un tercio de las mismas (13). Pero sería un tanto apresurado sugerir que la extracción del petróleo ecuatoriano y venezolano o del gas boliviano no encuentra ninguna resistencia en una parte de la población. Aunque se la destine al mejoramiento del nivel de vida general, a través del financiamiento de programas sociales -lo cual no parece ser el propósito en Colombia-, esa explotación suscita de todos modos preocupaciones, vinculadas simultáneamente con cuestiones ecológicas y los derechos de los pueblos indígenas, pero también con un modo de desarrollo que refuerza el carácter "primario" de las economías de la región. Así y todo, en estos países, el debate -a veces violento- parece -bien o mal- haberse iniciado. Colombia cuenta ya sus muertos.

En diciembre de 2009, en la región de Cauca, en Suárez, donde la empresa AngloGold Ashanti tiene mucha presencia, se dirigieron amenazas al representante sindical de la Central Unitaria de los Trabajadores colombianos (CUT), que lideró un movimiento de oposición a los trabajos de la transnacional. El 13 de febrero de 2010, se supo del asesinato, precedido de torturas, de Omar Alonso Restrepo y su hermano, José de Jesús, conocidos por su oposición a la presencia de AngloGold Ashanti en la región. Ambos eran integrantes del comité de acción comunitaria de la localidad de El Dorado y militaban en una organización de mineros artesanales y agricultores que desde hace varios años denuncia los estragos medioambientales, económicos y sociales de las transnacionales. Veintiséis organizaciones sociales que firmaron un comunicado denunciando esos asesinatos subrayaron "la macabra alianza entre el gobierno y las multinacionales del oro como AngloGold Ashanti", así como la continuidad de la "militarización de la región hace posible la acción de los grupos paramilitares" (14).

La situación es tanto más seria en la medida en que el recién electo presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el 17 de mayo de 2010 prometió: "En el sector minero haremos todo lo posible por estimular el mayor crecimiento posible, demostrando al mismo tiempo responsabilidad en lo referente al medio ambiente" (15). Teniendo en cuenta que Santos eligió a su predecesor, Uribe Vélez, como modelo, las transnacionales mineras que operan en Colombia no deberían tener grandes motivos de quejas.

Notas:

1 Entrevista con el autor, Bogotá, 20-2-10.
2 Fallo T-796-32009 de la Corte Constitucional.
3 Véase Maurice Lemoine, "Plan Colombie, passeport pour la guerre", Le Monde diplomatique, París, agosto de 2000.
4 "S.1758 - Alliance with Colombia and the Andean Region (Alianza); Act of 1999 (Introduced in Senate)", 106th Congress (1999-2000), Washington, 20-10-1999.
5 Citado por Adam Thomson en "Mining: Vast resources remain largely untapped", The Financial Times, Londres, 23-9-09.
6 Según el portal de información sobre la actividad minera en Colombia www.imcportal.com. Las cifras de 2009 son todavía provisorias.
7 Naomi Mapstone, "Infrastructure: Eager to link up disjointed land", The Financial Times, Londres, 6-4-10.
8 Citado por Adam Thomson, op. cit.
9 Ricardo Santamaría Daza, "Se dispara la ‘fiebre’ del oro en diversas regiones del país", 9-5-10 (www.portafolio.com.co).
10 Entrevista con el autor, Bogotá, 4-6-10.
11 Cotización al 8-6-10.
12 Diana Delgado, "Greystar says Colombia accepts its gold mine appeal", 31-5-10 (www.reuters.com).
13 Anthony Bebbington, "The New Extraction: Rewriting the Political Economy of the Andes?", Nacla Report on the Americas, Vol. 42, N° 5, Nueva York, septiembre de 2009.
14 "Colombia: continúa exterminio contra Fedeagromisbol. Asesinan a dos agromineros en el Sur de Bolívar", 15-2-10 (www.biodiversidadla.org).
15 Entrevista concedida a Yamid Amat, el 17 de mayo de 2010 (www.galeriapolitica.com).


* Le Monde Diplomatique
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